Avanza proyecto de ley para regular el teletrabajo desde el extranjero | NCR Noticias


Iniciativa busca brindar seguridad jurídica a trabajadores costarricenses

La Comisión con Potestad Plena Tercera de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que pretende dar respaldo legal a los costarricenses que realicen teletrabajo desde el extranjero, ya sea en el sector público o privado.

La propuesta, contenida en el expediente 23.528, lleva por nombre “Ley para detallar explícitamente el teletrabajo en el extranjero evitando interpretaciones subjetivas” y fue presentada por el diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

«Considero que es un paso importante para todas las personas que utilizan teletrabajo, ya que les otorga el derecho de hacerlo desde otro país fuera de Costa Rica», expresó el legislador tras la aprobación en primer debate.


¿Qué establece el proyecto de ley?

La iniciativa busca modificar la actual Ley para Regular el Teletrabajo (No. 9738, del 18 de setiembre de 2019), incorporando una disposición clara sobre la posibilidad de ejercer el teletrabajo desde el extranjero.

Para ello, se propone una reforma al artículo 2, el cual regula el ámbito de aplicación y acceso voluntario del teletrabajo, especificando que este puede realizarse fuera del país bajo ciertas condiciones.


Condiciones y obligaciones para empleadores y trabajadores

El proyecto de ley establece que el teletrabajo en el extranjero será válido siempre que exista un acuerdo previo entre la empresa o institución pública y el trabajador.

Además, se definen responsabilidades específicas:
Si el empleado solicita el teletrabajo en el extranjero, deberá costear por su cuenta los equipos, programas, herramientas tecnológicas y seguros de riesgo laboral necesarios.
Si la empresa o institución pública decide que el trabajador realice sus funciones desde otro país, entonces deberá asumir los costos y obligaciones correspondientes.

Según el diputado Pacheco, este marco normativo es clave para evitar interpretaciones ambiguas y garantizar seguridad jurídica tanto para empleados como empleadores.


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